En esta transición, de manera radicalmente distinta

Por Carlos ARENAS POSADAS

Hubo una vez un generalísimo de pequeño tamaño y crueldad extrema que, decía, no se metía en política. De joven, su mérito fue aterrorizar rifeños, monte arriba, monte abajo, para defender negocios mineros y justificar la soldada de regulares y legionarios, su ejército privado. De mayor, es una manera de hablar, aterrorizó a los españoles para engordar la soldada de quienes le auparon al poder: terratenientes, banqueros,  eclesiásticos, grandes industriales; es decir, las oligarquías centrales y periféricas del país.

El generalísimo tampoco se metía en economía más allá de cumplir su misión ante Dios y ante la historia de imponer la disciplina cuartelera a quienes, para compensar, se les prometía alcanzar nada más y nada menos que un destino en lo universal. La economía la dejaba en manos de expertos, a la sazón testaferros de los lobbies agrario, industrial, eclesiástico y bancario. Unos pocos cientos de familias y purpurados de este país, por ellos mismos o por personas interpuestas, desde los consejos de administración de bancos y corporaciones, desde la sacristía, le convencieron, no hizo falta mucho, de que la disciplina era compatible con la modernización, y que para modernizar había que abandonar la antigualla autárquica, seguir las tesis de Lewis, Hirschman o Bell, priorizando los objetivos estratégicos en materia económica; es decir, dando prioridad a sus propios objetivos. Desde 1959, un poco de racionalidad ortodoxa aplicada por los Sardá, Fuentes, Velarde y los ministros del Opus, consiguió enhebrar una década de tasas de crecimiento económico sin igual, lo que tampoco resultaba gran mérito viniendo de un país acostumbrado a las cartillas de racionamiento. Eso sí; Franco cambió la guerrera y ocultó la porra debajo del traje gris marengo.

Una década después, el modelo de crecimiento económico compatible con la leña al mono empezó a hacer aguas.  A finales de los sesenta, la fiesta del desarrollismo llegó a su final por  la desaceleración económica internacional, las dificultades de competitividad de un tejido productivo acostumbrado a la protección, la crisis bancaria, un poco más tarde el aumento del precio del petróleo y, sobre todo, por una clase trabajadora y una juventud que ya no se conformaban con vivir soñando bajo los luceros, y que pugnaba por convertir en hegemónico un sistema de valores democráticos, igualitarios, laicos, alternativos, con los que hacía peligrar el dominio de los de siempre.

Como suele ocurrir cuando chocan dos fuerzas de similares capacidades destructivas, lo mejor pareció ser consensuar una paz duradera.  De un lado, el gran capital español necesitaba rehacer la tasa de  ganancia sobre bases nuevas;  imposible acumular capital si no había una reforma urgente del sistema de relaciones laborales que le asegurara la parte del león en las ganancias de productividad. A cambio, estaba dispuesto a tolerar  la anhelada democracia por la que la oposición había luchado durante décadas. Para no estorbar, el generalísimo, después de fusilar a varios opositores, dijo aquello de todo queda atado y bien atado, fue, y se murió.

La transición a la democracia se presentó como un modélico consenso entre españoles para sacar el país adelante en momentos de grave crisis económica. Todos cedieron por el bien de España. Y como producto del pacto, hubo elecciones libres, y estatuto de los trabajadores, y libertad sindical y patronal, y ciertas dosis de estado del bienestar, y después vinieron Boyer y Solchaga, y se escuchó más a Hombres G que a Aute, y la economía de la oferta, y se impulsó la flexibilización de las relaciones laborales con el aumento de la precariedad incluida,  y la concertación escolar con la iglesia católica, y las privatizaciones para compensar la reducción de impuestos a los empresarios (llamados emprendedores), y la entrada en el mercado común, y las rentas del capital crecieron mucho más que las rentas del trabajo, y las ayudas de la PAC a los terratenientes incluso por dejar la tierra yerma, y  la ley que permitía construir edificios hasta en el fondo de los acantilados, y el desempleo bajó del veinticinco al quince por ciento cuando en Europa estaba por debajo del cinco, y España se convirtió en la décima potencia industrial del mundo y la primera por el número de ladrillos enfoscados. Y de pronto, todo el tinglado se vino abajo. A pesar de los múltiples avisos que le precedieron, descubrimos que el modelo productivo que habíamos alimentado desde los ochenta tenía los pies de barro al estar cimentado sobre un   triángulo vicioso formado por una plétora de bancos (cajas de ahorro), ladrillos (suelos, constructoras) y connivencia política.

En el momento actual, condenado el sector inmobiliario a pagar los platos rotos de la  depresión, sin que se vislumbre que vuelva a tirar con la misma fuerza del carro del crecimiento para desespero de los jóvenes albañiles que han vuelto a vivir con sus padres y abuelos, el libro de ruta del capitalismo español tiene tres páginas: una, no existe vida sin sistema financiero privado; hay que salvar la banca privada del agujero donde se había metido para que siga ejerciendo en el futuro como demiurgo de la economía española. Dos, es imprescindible hacer adelgazar al pueblo español que, se dice, ha engordado viviendo por encima de sus posibilidades; y tres, como una síntesis de los otros dos, hay que ofrecer nuevas oportunidades de negocio a costa del patrimonio público y de los derechos sociales reunidos desde la transición democrática.

El capital financiero y la derecha política a su servicio ha hecho de los planes de adelgazamiento de los españoles (bajadas de sueldos, incremento de la edad de jubilación, recortes miles, privatizaciones, transferencia de rentas de las clases populares a los bancos a través de la deuda pública y de su prima, etc.), la panacea de la recuperación: tapado el agujero financiero y exprimida como limones la inmensa mayor parte de la población, se ofrecerá una lucecita al final del túnel, una luz hacia la que se dirigirán millones de gentes desesperadas; pero que nadie espere que la luz del futuro se parezca en nada a lo hasta aquí conocido en las últimas décadas. La luz al final del túnel es la lucecita del Pardo, una vez más a vivir bajo los luceros, con un destino en lo universal. Incluso podríamos vivir una involución política para obligarnos a ser felices de esa manera.

Con esta hoja de ruta plebiscitada en las elecciones de noviembre de 2011 se rompió definitivamente el pacto político, económico y social pergeñado desde finales de los setenta. Sin embargo, han bastado unos pocos meses del gobierno Rajoy para que esta ruta basada en el sentido común y el mandato divino se haya convertido en un fiasco monumental, hasta el punto de que se oyen voces cada vez más claras de la necesidad de un nuevo consenso como el habido al final de los setenta.

De hacerse, como en los setenta, la resultante de tal consenso dependerá del equilibrio de fuerzas en presencia. Hoy el PSOE no puede protagonizar en nuestro nombre el nuevo consenso de la transición a otro orden económico; no se le puede entregar otro cheque en blanco.  Hoy, los buenos, que dice Arguiñano, tenemos dos ventajas respecto a los buenos de los setenta: una, que somos más, y dos, que estamos mejor informados; nos conocemos todos los trucos de los malos. Si hay que sacrificarse, por tanto, habrá que pactar que el sacrificio sea no ya compartido, sino directamente proporcional al daño cometido por el modelo de capitalismo que nos ha llevado hasta aquí. No voy a hacer un programa de gobierno, pero me conformaría, de momento, con tres o cuatro cosas: con desenmascarar el truco especulativo y fraudulento de la deuda que tapa agujeros financieros a base de planes de adelgazamiento de los derechos sociales; con socializar el sistema financiero; con ampliar los ámbitos de la democracia, revisando para empezar la ley electoral, y que el valor del voto de toda mujer o de todo hombre sea el mismo sin correcciones mayoritarias y con independencia de donde vivan; con cambiar las prioridades vigentes de interlocución social por parte de las autoridades, en detrimento de castas, grandes familias, eclesiásticos, banqueros, clientes políticos, etc., y en favor de aquellos que compaginen lealmente creación de riqueza y distribución igualitaria de la misma. Por aquí podríamos empezar a hablar de consenso en la segunda transición en la que estamos inmersos.