Wert y la política educativa

Por Gabriel CENTENO

Con una periodicidad semanal centrada en los viernes nos vamos enterando de los diferentes medidas de ajustes/recortes en la educación del Gobierno de la nación que se justifican por ir dirigidas  “a poder hacer frente a la crisis actual y buscar la recuperación del empleo y del crecimiento haciendo posible el sostenimiento/mantenimiento del Estado del Bienestar”, pero que realmente están poniendo en grave riesgo, con visos de desaparición, el actual sistema educativo en su carácter universal y obligatorio; orientado a la búsqueda de la cohesión e inclusión social del conjunto de la ciudadanía. Recortesen las prestaciones educativas básicas que, el ministro Wert, los está comunicando y poniendo en práctica sin ningún tipo de recato, reparo y vergüenza. De ahí que algunos escribanos denominen al Sr. Ministro como SIN-WERT-GÜENZA.

Recortes que comenzaron años atrás en las CC. AA. que están gobernadas desde hace algún tiempo ya por el PP o los nacionalistas conservadores (Madrid, País Valenciano, Castilla León, Cataluña, Castilla la Mancha…) y que se dirigían a mutilar los dineros destinados a la enseñanza pública en detrimento de su calidad, de endurecer las condiciones laborales del profesorado y en transferir recursos al empresariado de la privada. Losprincipios neoliberales del mercado se trasladan rápidamente al sistema educativo y forman parte de las reformas educativas de este Partido Popular, “mal llamado reformador y claramente ultraconservador” en cuanto que nos retrotrae a oscuros tiempos que creíamos ya superados. Estas políticas de “cambio” se tratan de vender a la opinión pública como políticas modernizadoras, cuando realmente tienden a la privatización, la descentralización, la reducción del presupuesto público educativo, así como la modificación curricular al servicio del mercado, no como establece nuestra legislación: al servicio de la realización de la persona, y si bajo el encuadre regulador de sistemas de evaluación de la función de los centros educativos y el desempeño docente.

De forma cada vez más preocupante vemos como los recortes en la educación pública andaluza están siendo anunciados poco a poco y se pueden incrementar tanto por el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza como por los servicios y la atención que realiza este servicio público: reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, disminución en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, aumento de la ratio, disminución de grupos escolares,  desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo al alumnado, etc., lo que puede provocar en Andalucía el recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino. Si a esto le añadimos las medidas en la enseñanza universitaria: incremento de las tasas de matriculación hasta más del 200%; la sensible disminución de becas a los más necesitados; el elevado recorte del presupuesto o el incremento de créditos a impartir por el PDI, entre otras, estamos ante un cambio de modelo educativo que fomenta un modelo de universidad “elitista” que podría “expulsar” de esta enseñanza “a los hijos de las clases trabajadoras más humildes”; es decir, convirtiendola Universidaden un espacio de exclusión por razones de renta y distintivo de las clases acomodadas.

Como colofón, la reciente congelación de las ofertas de empleo público docente y educativo complementario en Andalucía por el recurso presentado por el Gobierno del PP, la reducción de las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas a infraestructuras y equipamiento…, o la anulación más que previsible de la jubilación anticipada del profesorado, nos abocan a pensar que dichas medidas afectarán sensiblemente la política educativa en  Andalucía pues desde el gobierno del PP se reducirán los recursos que transfiere el Estado a nuestra Comunidad Autónoma.

Siempre observamos  que, desde el Gobierno Popular, se esgrime la misma cantinela: la maldita “herencia recibida” y la consiguiente frase de “la medida es necesaria”; “ya nos gustaría no tener que hacerlo, pero no queda otra alternativa”. Y esta letanía es recogida y difundida por los altavoces mediáticos, escritos, audiovisuales y en red, de los poderes económicos que lo repiten una y otra vez, hasta que la población acaba aceptándola como verdad indiscutible. Sin embargo, pocas realidades serán tan contrarias a la ciencia económica comola necesidad. La economía comienza como disciplina allí donde se da la posibilidad de elegir entre distintas opciones Los servicios públicos se pueden financiar mediante impuestos o a través de un precio; cuando se mantiene que son insostenibles lo único que se está diciendo es que no se desea sufragarlos mediante tributos. Financiarlos total o parcialmente a través del precio no es más que una opción, y una de las peores porque se hace depender la educación o la asistencia sanitaria de la capacidad económica del usuario, destruyendo la igualdad de oportunidades que, aunque escasa, el Estado social había generado

Desde nuestro punto de vista la defensa de la educación pública requiere de una resignificación. Un sistema público es en, primer término, el que es sufragado con los recursos económicos de la comunidad. En definitiva, tendemos que defender, frente a la escuela excluyente, segregadora y de élite, el derecho a una escuela pública e inclusiva; cimentada con un discurso claro participado por la ciudadanía, con el que construyamos un sistema educativo que denuncie las barreras que impiden que todas las personas aprendan de acuerdo con sus necesidades y demandas. Ha llegado el momento de decidir qué escuela queremos. Porque “Cosas Wert-edes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”. Pero, en cualquier caso, no nos conformemos con el modelo educativo reaccionario que pretenden imponernos; porque, reaccionando, juntando nuestras fuerzas y movilizándonos, podremos vencerles.