Andalucía ante su porvenir 2

Que 30 años no son nada…

Por Javier ARISTU

Desde el referéndum autonómico de 1980, la aprobación del estatuto de autonomía de 1981 y la constitución del primer gobierno autónomo tras las elecciones de 1982, Andalucía ha recorrido un camino lineal, aunque no exento de vericuetos y derrapes, en la conformación de su proyecto como región autónoma. Como no se han cansado de reiterar expertos y especialistas en la materia, el referéndum de 1980 rompió el modelo autonómico que la UCD y la derecha nacionalista podía tener previsto e inició una vía, la del estado autonómico, que, sin embargo, hoy día sigue generando rechazo en una parte de la derecha –véanse las declaraciones de Esperanza Aguirre y otros líderes del PP- y en el nacionalismo catalán. Hoy nadie negaría esta evidencia.

La otra certeza es que con la autonomía nos ha ido mejor a los andaluces. Hemos consolidado una cultura de la autonomía que va a ser muy difícil de sustituir, sobre todo si los que hablan de otros modelos sólo plantean la vuelta a un centralismo casposo (leamos al ministro  Montoro y su sentido de la Hacienda del Estado). Hemos generado una manera de hacer política que en tiempos de bonanzas nos ha beneficiado en una parte sensible (servicios sociales y gasto público); está por ver si en tiempos de crisis será capaz de acometer las reformas necesarias para seguir adelante.

Pero, a estas alturas de la historia andaluza, treinta años después del comienzo de su andadura, necesitamos profundizar en una visión que vaya más allá de la anécdota periodística, de la crónica parlamentaria y del “debate de políticos”, con todo el respeto que nos merezcan todos ellos.

Intentando ir más allá de lo presente tratemos de sintetizar en algunos apuntes el boceto básico de lo que sido el proceso autonómico andaluz, su balance político, social y cultural.

  1. Andalucía como región autónoma, con personalidad política en el mapa nacional, ha venido produciendo una renta social y política bajo la marca PSOE que podríamos denominar de hegemonía monopartidista. Eso se ha caracterizado por una dinámica de colusión y de interferencia entre la institución representativa y el comité del partido. La tantas veces citada imagen de la “Andalucía plural” no se ha correspondido con la realidad de una Andalucía institucional sellada con la marca del puño y la rosa. Algunos han llegado a hablar de un “modelo régimen” que ha impedido la generación de respuestas críticas y plurales dentro de ese sistema. Las únicas respuestas críticas se han dado en clave de disputas internas dentro de los aparatos provinciales del partido del gobierno.
  2. La cultura progresista, aquella que dio sentido y letra al proceso democrático y autonómico de los años setenta y ochenta, ha venido decayendo en un lento proceso de desapego respecto de los partidos que teóricamente la debían representar –especialmente y sobre todo el PSOE por su valor electoral. Sólo tenemos que fijarnos en la relación que se ha establecido entre los poderes políticos socialistas y la iglesia, las hermandades y cofradías. Bajo el marchamo de la defensa de una cultura popular se ha estado apoyando una verdadera reconquista de la sociedad por parte de los sectores más tradicionales y conservadores. [como un cotidiano ejemplo de ello, podemos leer anécdotas jugosas en la entrevista a Javier Aracil en Diario de Sevilla]
  3. El impulso inversor y económico ha surgido en gran medida del sector público, salvando específicas y contadas iniciativas de economía social y de sectores punta. La inversión generada desde los presupuestos de la Comunidad se ha constituido en punta de lanza y, muchas veces, en lanza entera. Tales presupuestos han servido para crear infraestructura muy necesaria pero a la vez ha sido la manera de generar socios pasivos al calor de la lluvia de dinero. Fondos públicos para empresas en crisis, fondos públicos para comarcas deprimidas, fondos públicos para sectores (de mi comarca o de mi pueblo) que necesitaban inversión, fondos públicos para crear en algunos casos redes clientelares que darían en el futuro votos al gobernante. Y no estamos hablando de los ERE, estamos refiriéndonos a un modelo de intervención pública en la economía. Lo que tratamos de decir es que no estamos contra las políticas de ayuda a los sectores en dificultades –faltaría más-  sino que la relación entre inversión pública y mercado exige de los poderes que deciden aquella, guiados por una orientación progresista, una visión muy clara de la estrategia social que interesa: o subvención pura y dura o creación de dinámicas autónomas de economía propia y sostenible. Y lo que ha dominado en este periodo de 30 años es la primera, sin duda. La crisis actual nos está diciendo lo que se ha hecho mal.
  4. Falta sociedad civil organizada, falta dinámica autónoma. La presencia de la Junta por el territorio andaluz es absoluta. La incidencia del factor público, léase fondos de las Consejerías, es decisivo. La mayor creación de empleo se ha producido –dejemos ahora el asunto de la construcción y el ladrillo- en torno al sector público: funcionarios y empleados de empresas de la Junta y de los ayuntamientos. En los iniciales momentos de la autonomía oíamos desde los sindicatos la necesidad de crear empleo público desde la institución. Así se hizo y ello ha dado una planta de servicios públicos creemos que bien dotada. ¿Es bueno tener una administración pública suficiente y por tanto eficaz a la hora de prestar servicios? Sin duda. ¿Es positivo una economía territorial basada prioritariamente en el esfuerzo de inversión de personal por parte de la Junta? No, es preferible sin duda un modelo  social sustentado en una economía productiva, no sólo reproductiva, donde el conocimiento y la iniciativa van parejas a los apoyos públicos.
  5.  Conocimiento, iniciativa, responsabilidad. La cultura que en los últimos años se ha venido transmitiendo desde aquellos vectores que generan hegemonía ¿ha propiciado esos principios? A nuestro modesto entender, Andalucía ha aportado valores muy importantes al resto de España pero no parece que esa tríada esté entre nuestro mejor patrimonio. Salvo excepciones, predomina un ideal social sujeto a la hostelería, la construcción y a la dependencia de la subvención. Necesitamos mejorar en el factor escuela-universidad para salir del atolladero. La escuela no es sólo una variable económica; es sobre todo un poderosísimo instrumento para alcanzar pautas de desarrollo social. El aumento de aulas, profesores y servicios educativos es algo que hay que anotar en el haber de los distintos gobiernos andaluces. Pero, al mismo tiempo, hay que subrayar el debe del fracaso escolar, el abandono de las aulas en el pasado próximo y el aumento de las desigualdades en la relación escuela pública/escuela concertada, a favor siempre de ésta. A la vez, se ha favorecido un modelo de gestión escolar burocrática, puramente estadística y a veces ocultista tras los números y las normas (excesivas). La experiencia nos dice que el camino debe ir por  una escuela innovadora, autónoma en su gestión y responsable ante la sociedad. Para conseguir el apoyo de la entera sociedad andaluza. Necesitamos, por tanto, una escuela que varíe algunas de sus orientaciones estratégicas, que piense menos en la cantidad de elementos que deben sostener un currículo y más en el currículo oculto: Una cabeza bien formada será siempre mejor y preferible a una cabeza muy llena (Montaigne).

Hablaremos de la otra izquierda.

Lectura: Carlos Arenas Posadas, La izquierda se ha topado con su última oportunidad, Diario de Sevilla, 1 abril 2012.

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