Transferencias, concertaciones y fondo de rentas.

Por Carlos ARENAS POSADA

Transferencias de renta: dícese del flujo de rentas o riquezas que se produce entre clases sociales , territorios, corporaciones e individuos corrientes, arrendatarios e inquilinos, vendedores  y clientes, que tiene lugar dentro de un país  de forma habitualmente regulada por leyes, y asumida por convicciones culturales arraigadas en la población.

Centros Concertados: dícese de aquellos centros privados dedicados a la enseñanza, por ley socialista de agosto de 1985 o a la asistencia sanitaria, que ofreciendo  una prestación gratuita, o casi, a los usuarios, reciben del Estado, mediante convenio, un contraprestación económica.

En una economía capitalista,  los perdedores en la transferencia de rentas entre las clases sociales son, por lo general, los pobres; el flujo de rentas va siempre desde los que menos tienen a los que más tienen. El principal escenario donde se representa ese flujo es el mecanismo que llamamos plusvalía o ganancia de productividad que favorece a los dueños del capital, y que suele ser justificado con el argumento de que el capital debe estar sobrevalorado porque empresario no es cualquiera, que se necesitan especiales capacidades y  know how que no están al alcance de todo el mundo. No nos vamos a entretener mucho en desmontar esta falacia: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases; de una lucha de clases de los de arriba hacia los de abajo para despojar a éstos de los recursos materiales e intelectuales necesarios para que se puedan ganar  su sustento por sus propios medios; es decir, para hacer depender a la inmensa mayoría de las decisiones tomadas por unos pocos que juguetean con el miedo de los más al desempleo.

Hay otros muchos mecanismos de transferencia de rentas de pobres a ricos, pero nos detendremos en aquellos que tienen al Estado como protagonista:  uno, por ejemplo, las políticas que favorecen deliberadamente a determinados sectores,  corporaciones, grupos de presión, etc., en detrimento de la igualdad de oportunidades; otro, las políticas impositivas sustentadas  básicamente sobre gravámenes indirectos que pagan por igual ricos y pobres; otro, la vista gorda hacia prácticas fraudulentas o la concesión de amnistías a los evasores de impuestos y de capital; otro, hacer creer que una mayor presión fiscal a los ricos es una estrategia contraproducente para la creación de empleo, cuando ya hemos comprobado en los últimos treinta años que los adinerados gastan el dinero condonado en deuda pública y especulaciones varias antes que en economía productiva.

Entre las grandes corporaciones beneficiadas por la transferencia de rentas a lo largo de la historia de España se encuentra la iglesia católica; es decir: los funcionarios de un estado extranjero, el Vaticano, insertos históricamente en la estructura institucional del Estado y de la sociedad española.

La iglesia católica se ha cobrado con creces el expolio de sus propiedades que tuvo lugar con motivo de las desamortizaciones del siglo XIX. Como cabía esperar con el ascenso de la burguesía al poder en España, tierras y edificios eclesiásticos pasaron a manos privadas. Se desamortizaron sus activos inmuebles como hace pocos años se privatizaron petroleras, telefónicas, iberias, etc., aun a riesgo cierto de que, una vez privatizado, lo que antes era de todos los españoles pasara a ser de todos los argentinos, bolivianos, etc.

Pero en el tratado de paz entre la Iglesia y el Estado español al finalizar las guerras carlistas, el Vaticano recibió una fuerte compensación por el concordato de 1851 y de los que le siguieron: la iglesia se ocuparía de la enseñanza y de la asistencia social de los españoles. Un Estado mínimo como aquel, al gusto de la burguesía liberal de la época, practicando una férrea política de reducción del déficit hasta cero, carecía de los recursos suficientes para ocuparse de la enseñanza y de la asistencia del pueblo español. La “solución” fue delegar en las distintas congregaciones religiosas, en función de la especialidad de cada una, las responsabilidades que debería haber asumido en esas materias. En lo relativo a la enseñanza, unas congregaciones se especializaron en formar a las élites, los jesuitas, las irlandesas, en inocular a los hijos de las clases burguesas, ese capital cultural que decía Bourdieu que los elevara por encima de una chusma a la que se encargarían  de humillar los salesianos, las hijas de maría o los hermanos de la doctrina cristiana, pongo por caso. En lo relativo a la asistencia social, generalmente las congregaciones femeninas se encargarían de cuidar a los desahuciados. Es decir, lo que podía haber constituido un derecho universal a la educación y al bienestar social a cargo del Estado, se convirtió en ejercicios de discriminación y de exclusión en lo educativo y de caridad concedida sólo a los mansos y limpios de corazón en lo asistencial.

En Europa, el Estado de Bienestar nacido tras la segunda posguerra mundial, inspirado en la  macroeconomía keynesiana de la demanda, supuso la inversión de una tendencia histórica por la cual los ricos eran cada vez más ricos y los pobres relativamente cada vez más pobres. A la altura de 1929, justo antes del crack de la bolsa de Nueva York, el diez por ciento de la población, los ricos, poseía más del cuarenta por ciento de la riqueza. Con la política keynesiana de posguerra, el diez por ciento aludido pasó a disfrutar el 30 o algo menos por ciento de la riqueza; diez puntos  de transferencia de rentas de ricos a pobres que sirvieron para sustentar los Estados del Bienestar de los países occidentales sobre la base del pleno empleo, la gratuidad de la educación y de la asistencia sanitaria universal, entre otras obligaciones públicas.

A partir de la instauración de la democracia en España en 1977, el Estado  dio un fuerte impulso al gasto público para incorporar a la sociedad española a los beneficios del Estado del Bienestar. Algunas diferencias se daban con respecto al caso europeo; una, que se producía treinta años después, en una coyuntura económica diferente, la de la crisis del capitalismo keynesiano mal llamada del petróleo, de manera que uno de los elementos fundamentales del modelo, el pleno empleo, brilló por su ausencia. Dos; que aunque sí se inyectaron recursos en servicios sociales en sanidad y en educación, una buena parte de los mismos fueron a parar a manos de las congregaciones eclesiásticas que tradicionalmente protagonizaban las prestaciones. Mediante convenios de concertación, la transferencia masiva de rentas de los contribuyentes a la Iglesia, más la condonación de impuestos, sustituyó por ley la transferencia que aquella recibía antes de clientes, tómbolas benéficas, puntuales subvenciones públicas y donaciones de devotos.

Pero había algo aún más importante; en el campo de la educación, aunque también en el de la sanidad, los centros religiosos beneficiados por el Estado y por las comunidades autónomas siguieron ocupándose básicamente de la enseñanza en los barrios donde habitaban las clases medias y altas de la sociedad; clases que no tendrían grandes problemas en pagar el colegio, porque antes de la ley socialista de 1985, lo pagaban. En esos barrios, los eclesiásticos se dedicaron a formar, igual que antes, el capital cultural de unas clases que llevaron allí a sus hijos, y cito una vez más a Bourdieu, para relacionarse con provecho y distinguirse.

Mientras tanto, los colegios públicos, exclusivas ofertas educativas en los barrios de las periferias obreras, donde prolifera el desempleo y conviven las culturas, asumen la responsabilidad no sólo de formar a sus alumnos en circunstancias extraordinariamente difíciles, sino que, además, deben aceptar a los damnificados por las políticas de admisión o de exclusión  selectivas que practican, cuando pueden, los colegios privados. Por supuesto, lo más probable será, y eso lo demostró Durlauf para el caso americano, que en vez de futuros empresarios o miembros de la clase política, los alumnos de los colegios públicos de los barrios obreros tengan dificultades para escapar de las trampas de la pobreza.

Si esto es de por si grave, más grave es aún que las empresas privadas concertadas estén pagadas con los impuestos de todos los españoles, y dado que la distribución impositiva en España es extraordinariamente injusta, asistimos, como desde siempre, a una transferencia de rentas de pobres, que son muchos más, a ricos, que son muchos menos; las familias trabajadoras están pagando una parte de las escuelas donde van de balde y enseñorean los hijos de las familias pudientes. Como diría Miguel Ángel Aguilar: ¿pero qué broma es ésta?

Esto es así al menos desde 1985. Desde entonces hasta aquí, casi treinta años después, lo de la transferencia de rentas de pobres a ricos ha ido en aumento. De nuevo, poco antes del crack financiero inmobiliario del verano de 2007, el diez por ciento de los más ricos superaba el 40 por ciento de la riqueza total. El Estado del Bienestar había menguado y la salida a la crisis sistémica pasaba, según se ha expresado hasta la saciedad, por menguarlo aún mucho más, por privatizar lo que quedara de lo público para darle una salida a la inversión privada. La palabra que se repite por doquier es: recortes. Estar a favor de más o menos recortes delimita los mensajes de los neoliberales de derechas o de keynesianos de izquierdas. Cinco alumnos más por aula, leo en la prensa, significará el despido de 2600 profesores, con el consiguiente recorte en los presupuestos y el consiguiente aumento de la tasa de ganancia de los colegios privados.

Para terminar, y sin conocer los visos de legalidad de lo que voy a decir, aunque las leyes están para modificarlas, propongo una solución para salir del bucle melancólico en torno a los recortes en materia de educación.

Fondo de salarios. Dícese de una teoría económica expresada por los liberales del siglo XIX por la que a los trabajadores se les pagaría de un fondo fijo destinado al efecto. Al ser fijo, la cantidad a percibir por cada trabajador dependería del número de ellos. Los costes de las empresas serían pues los mismos.

En tiempo de neo-liberalismo rampante como el actual, ser de izquierdas en el terreno de la educación o de  cualquier otro servicio público concertado con empresas privadas es poner en marcha un fondo fijo de transferencia de rentas; es decir, la cantidad a repartir entre los rentistas es fija y el reparto entre ellos dependerá de su número. El paso siguiente, está en hacer empresas cooperativas con los profesores damnificados por los recortes, cuya función consistirá en  hacer bajar la ratio en las escuelas públicas o mejorar la calidad de la enseñanza en las mismas, prestando los servicios que estas escuelas necesitan por la complejidad de su labor.  Por supuesto, esta inyección de recursos se detrae a las empresas privadas concertadas previamente existentes. Podríamos ser radicales y convertir esas empresas concertadas en empresas expuestas a la libre competencia; para ser más moderado, podría ser bastante con que  la cuota a pagar sea proporcional a la ratio de renta recibida por cada segmento de población. ¿O no estamos en una economía de mercado?

LECTURA:

Pierre BOURDIEAUCapital cultural, escuela y espacio social [compilación y traducción de Isabel Jiménez] Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 2010